¡Guerra de sazonadores!

INDECOPI comprueba competencia desleal

• Empresa panameña contra homóloga peruana 

ESCRIBE: EDUARDO SALAS GUZMÁN

Una verdadera “guerra” sin cuartel parecen haber desatado los representantes del sazonador  panameño Sibarita (Empresas Andinas S.A.) contra lo que representa su competencia más importante en el Perú, su homóloga nacional “Sarita”, propiedad de la envasadora Llaguento E.I.R.L. que se dedicada a la venta de salsa de ajos y ají.

En efecto, la empresa “Sarita”  está siendo presa en estos últimos años y meses de un constante acosos por parte de malos elementos policiales, en diferentes mercados de la capital, mediante  la incautación de los productos que comercializa, a pesar de encontrarse autorizada legalmente por el Ministerio de Salud (antes Digemid) e Indecopi (antes Itintec).

Otra de las maniobras extralegales de Sibarita, que regenta aquí la empresa panameña Empresas Andinas S.A. se produjo el 2007, cuando puso a la venta en el mercado local su producto denominado “Doña Saharita”, en un claro afán de confundir al comprador y contrarrestar la acogida en los mercados de los sazonadores “Sarita”.

En julio último, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) puso fin a esta suerte de conflagración de sazonadores al declarar fundada en todos sus extremos la oposición de “Sarita” (Envasadora Llaguento E.I.R.L) para que siga comercializándose “Doña Saharita”, por lo que le denegó a esta última el registro de su marca en el mercado local.

Una de las conclusiones principales de la resolución dictada por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, según la documentación adjunta, es que resulta imposible la coexistencia de “Doña Saharita” porque podría generar confusión entre el público consumidor, razón por la cual denegó  el registro solicitado por los representantes del cuestionado producto.

Sin embargo, algunos  elementos policiales se han dedicado en estos últimos meses a incautar los productos “Sarita” en determinados centro de abastos,  bajo el pretexto que “deben ser analizados por los laboratorios de la Policía Nacional, por existir riesgo (supuesto negado) de contaminación de los mismos. Actualmente, el Juzgado Penal del Módulo Básico de Condevilla Señor (San Martín de Porres) ventila una denuncia por el presunto cargo contra la salud pública contra los representantes legales de “Sarita”, a pesar de que anteriormente esas mismas maniobras ya han sido descartadas con la intervención de peritos especializados.

Porfirio Llaguento Manayay, gerente general de Envasador Llaguento y propietaria de “Sarita”, denunció que “mi empresa es víctima del afán expansionista de “Sibarita”, contraviniendo los dispositivos constitucionales que prohíben expresamente el monopolio y el oligopolio en el Perú. Representamos a una empresa peruana que, tras cumplir con los requisitos del caso y las normas vigentes, se encuentra en el mercado con la finalidad de apostar por una sana comercialización en el país, por la inclusión social y con la finalidad de  aportar con nuestros impuestos al Estado mediante la creación de empleo”.

Llaguento Manayay  solicitó luego a las autoridades poner mano dura contra el abuso de esta firma panameña, “por no tener ni siquiera respeto por el libre mercado y por encontrarse en un país ajeno al suyo, a la vez que contraviene en forma grosera normas expresas que le prohíben empoderarse –como pretenden sus propietarios- con sus productos en la tierra que los ha acogido tan noblemente”.

ANTECEDENTES

De acuerdo a la investigación realizada por PERÚ PRIMERO, se estableció que “Sibarita” pretende convertirse en el Perú en la única empresa que tenga acceso al público consumidor de sus sazonadores, porque en un pasado reciente también empezó toda esa parafernalia de acoso y denuncias contra otra empresa que empezó a vislumbrarse en el mercado, “Lopesa”, con la que mantiene hasta procesos judiciales  para tratar de quedarse  “dueña” de la comercialización de esos productos.

José Luis García Villena, exfiscal superior penal de Lima, expresó su desacuerdo con la posición monopólica expresada constantemente por la empresa propietaria de “Sibarita”, en este caso el consorcio panameño conocido como Empresas Andinas S.A., porque la Carta Magna del Perú desaprueba en todos sus extremos el monopolio u oligopolio comercial por cuestiones obvias.

“Siendo este el caso, lo que cabría es interponer una demanda por presunta  violación de los preceptos constitucionales, que en su momento tendrá que ser tamizada por el Tribunal Constitucional, por ser el máximo organismo fiscalizador de los ordenamientos de la Constitución Política del Estado”, anunció el reconocido jurista.

El hombre de leyes no descartó tampoco que la Fiscalía de la Nación podría iniciar una investigación preliminar al respecto, con el objetivo de analizar hasta qué punto se ha producido la violación de la Carta Magna por parte de “Sibarita”.