Sin importarle el costo social que, como se prevé, explotará en la cara de quienes se han prestado al contubernio para abrir la puerta de la impunidad a esos malos empresarios
Especial.- Escribe: Humbert Romero Verano.
Tal como Perú Primero lo venía anunciando hace muchos meses, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y el Poder Judicial se han puesto de acuerdo para irrumpir en las próximas horas en los predios de la azucarera Andahuasi, para desalojar a sus cientos de socios-trabajadores que sostienen hasta ahora una indesmayable lucha legal contra los hermanos Wong, los principales interesados en que la controvertida medida se lleve a efecto, cueste lo que cueste.
Lo que pasó en octubre del 2012 en el restaurante “Las Brujas de Cachiche”,donde los Wong no pudieron concretar el desalojo de Andahuasi, a través de los hermanos Omar y Miguel Chehade Moya, solo porque en la reunión estuvo un valiente oficial PNP, el general Guillermo Arteta Izarnótegui, que supo hacer respetar el lema de su institución -el honor es su divisa, ahora el Ministerio del Interior ha dado el pase para llegar por aire y tierra al seno de la empresa azucarera y expulsar a los propietarios de la misma. Sin más ni más.
Y es que en el ínterin, los empresarios Wong pretendieron llevar a cabo diferentes modalidades para apropiarse de un bien que no les corresponde, toda vez que la tantas veces enarbolada compra-venta de cincuenta millones de acciones de Andahuasi, por parte del grupo Bustamante y el grupo Wong, se produjo en medio de una serie de ilegalidades y otras maniobras irregulares que hasta hoy son ventiladas en nuestro elefantiásico sistema de justicia, acostumbrado a demorar las causas por años de años, bajo diversas excusas; o, en su defecto, apurarlas cuando existe apremio de los interesados.
El ESTILETE
El juez Walter Checa Carlín, del Primer Juzgado Civil de Huaura, fue virtualmente el estilete utilizado por el estado mayor de los Wong, para acelerar la medida de fuerza, pero esta jamás se ha llevaba a cabo debido a los costos sociales que esta podría acarrear, máxime si los trabajadores andahuasinos y sus familias han jurado defender el local de la empresa –a un solo puño, su fuente de trabajo y su hogar en muchos casos. “Todo nos hemos comprometido, desde un inicio, a hacer valer nuestros derechos. Vamos a luchar con todo lo que sea para evitar que fuerzas extrañas asalten Andahuasi”, prometió un empleado al lado de su esposa y sus pequeños hijos, aunque prefirió no identificarse por cuestiones obvias.
Este Checa Carlín, según dio a conocer oportunamente Perú Primero, ha tenido el cuajo de ir personalmente a la Policía Nacional y al Ministerio del Interior, con su resolución en la mano para que se concrete la operación desalojo, con la exclusiva finalidad de poder arrojar a la calle a los servidores andahuasinos. ¿Cuándo se ha visto que un magistrado sea tan empeñoso para hacer ejecutar su fallo? Nunca…salvo que haya intereses no tan santos para hacer todo ese despliegue para hacer cumplir un mandato jurisdiccional de esa magnitud.
Mas, no contento con eso, este Checa Carlín llegó al colmo de amenazar con enjuiciar a los representantes de la oficialidad de la Policía Nacional, por el presunto cargo de desacato, si no cumplían con la orden de su despacho. De lo que sabe es que la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), el máximo organismo fiscalizador de la justicia del país, nunca hizo caso a las quejas hechas ante ese despacho por parte de los representantes legales de Andahuasi, en su afán de hacer valer sus derechos.
Han pasado los meses irremediablemente, y el mismo magistrado Checa Carlín, impulsado por la defensa de los Wong y por otras apetencias que son muy fáciles de imaginarse, se ha valido de diversas artimañas para solicitar al Ejecutivo la orden para arrasar con Andahuasi, dizque con el solo afán de hacer valer la ley y la Constitución. En tanto, las gestiones políticas de los hermanos Wong iban por otro lado, y ahora estamos viendo los resultados. Esta es una de las cosas que a nuestro país no hace ver ante los ojos del mundo como un país primitivo legalmente, donde no impera la justicia, la razón y la equidad, sino simplemente no se respeta la seguridad jurídica. Esa es nuestra triste realidad.
Lo que pasó en octubre del 2012 en el restaurante “Las Brujas de Cachiche”,donde los Wong no pudieron concretar el desalojo de Andahuasi, a través de los hermanos Omar y Miguel Chehade Moya, solo porque en la reunión estuvo un valiente oficial PNP, el general Guillermo Arteta Izarnótegui, que supo hacer respetar el lema de su institución -el honor es su divisa, ahora el Ministerio del Interior ha dado el pase para llegar por aire y tierra al seno de la empresa azucarera y expulsar a los propietarios de la misma. Sin más ni más.
Y es que en el ínterin, los empresarios Wong pretendieron llevar a cabo diferentes modalidades para apropiarse de un bien que no les corresponde, toda vez que la tantas veces enarbolada compra-venta de cincuenta millones de acciones de Andahuasi, por parte del grupo Bustamante y el grupo Wong, se produjo en medio de una serie de ilegalidades y otras maniobras irregulares que hasta hoy son ventiladas en nuestro elefantiásico sistema de justicia, acostumbrado a demorar las causas por años de años, bajo diversas excusas; o, en su defecto, apurarlas cuando existe apremio de los interesados.
El ESTILETE
El juez Walter Checa Carlín, del Primer Juzgado Civil de Huaura, fue virtualmente el estilete utilizado por el estado mayor de los Wong, para acelerar la medida de fuerza, pero esta jamás se ha llevaba a cabo debido a los costos sociales que esta podría acarrear, máxime si los trabajadores andahuasinos y sus familias han jurado defender el local de la empresa –a un solo puño, su fuente de trabajo y su hogar en muchos casos. “Todo nos hemos comprometido, desde un inicio, a hacer valer nuestros derechos. Vamos a luchar con todo lo que sea para evitar que fuerzas extrañas asalten Andahuasi”, prometió un empleado al lado de su esposa y sus pequeños hijos, aunque prefirió no identificarse por cuestiones obvias.
Este Checa Carlín, según dio a conocer oportunamente Perú Primero, ha tenido el cuajo de ir personalmente a la Policía Nacional y al Ministerio del Interior, con su resolución en la mano para que se concrete la operación desalojo, con la exclusiva finalidad de poder arrojar a la calle a los servidores andahuasinos. ¿Cuándo se ha visto que un magistrado sea tan empeñoso para hacer ejecutar su fallo? Nunca…salvo que haya intereses no tan santos para hacer todo ese despliegue para hacer cumplir un mandato jurisdiccional de esa magnitud.
Mas, no contento con eso, este Checa Carlín llegó al colmo de amenazar con enjuiciar a los representantes de la oficialidad de la Policía Nacional, por el presunto cargo de desacato, si no cumplían con la orden de su despacho. De lo que sabe es que la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), el máximo organismo fiscalizador de la justicia del país, nunca hizo caso a las quejas hechas ante ese despacho por parte de los representantes legales de Andahuasi, en su afán de hacer valer sus derechos.
Han pasado los meses irremediablemente, y el mismo magistrado Checa Carlín, impulsado por la defensa de los Wong y por otras apetencias que son muy fáciles de imaginarse, se ha valido de diversas artimañas para solicitar al Ejecutivo la orden para arrasar con Andahuasi, dizque con el solo afán de hacer valer la ley y la Constitución. En tanto, las gestiones políticas de los hermanos Wong iban por otro lado, y ahora estamos viendo los resultados. Esta es una de las cosas que a nuestro país no hace ver ante los ojos del mundo como un país primitivo legalmente, donde no impera la justicia, la razón y la equidad, sino simplemente no se respeta la seguridad jurídica. Esa es nuestra triste realidad.
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