Prevaricato y otros cargos
Escribe: Eduardo Salas Guzmán
Cuatro magistrados huancaínos fueron denunciados ante el Ministerio Público y la Oficina de Control de la Magistratura, por dictar un fallo supuestamente prevaricador que determinó el remate de los bienes de los quejosos en este escandaloso caso, a pesar de que el cobro de una reparación civil –materia de fondo de este problema- ya había sido pagado totalmente por los perjudicados con la resolución jurisdiccional, dentro de los plazos de ley.
Los jueces superiores cuestionados son, Mario Gonzales Solís, Cristóbal Rodríguez Huamán y César Chipana Guillén. Asimismo, el magistrado de primera instancia, Marco Hancco Paredes, titular del Cuarto Juzgado Penal de la Corte Superior de Junín, según dieron cuenta voceros de dicha instancia.
Por su parte el abogado Sandro Balvín Sáenz, defensor de los agraviados en ese tema, consideró que “todo ese embrollo judicial se inició con una deuda por doscientos soles, en la que no tenían nada que ver los hermanos José y Ricardo Leiva Gutarra (perjudicados con el supuesto mal accionar los jueces en cuestión), a raíz un proceso iniciado por la viuda de Luis Leiva Gutarra, hermano mayor de ambos.
Balvín Sáenz recordó que “los jueces ahora en salmuera no respetaron un fallo previo de la Sala Penal de Huancayo –dictada el 21 de mayo del 2011-, que decretó la prescripción de la demanda de la parte interesada (la viuda en este caso) para pretender el cobro de una supuesta reparación civil derivada de la presunta deuda `por doscientos soles, que hoy, con los intereses y moras, ascendería a sumas considerables, producto de embargos y remates de propiedad de la empresa Etucsa (propiedad de los Leiva Gutarra)”.
“Los jueces superiores denunciados debieron declarar de oficio la prescripción de la causa seguida por la viuda y cuñada de los hermanos José y Ricardo Leiva, pero no lo hicieron por razones que se desconocen. En todo caso, ese legajo deberían haberlo enviado al archivo, pero nunca lo hicieron por cuestiones que no conocemos”, señaló el hombre de leyes.
El letrado consideró que los discutidos magistrados, por el hecho de haber revivido un proceso que estaba fenecido jurisdiccionalmente, han sentado un nefasto precedente, “por lo que deberán afrontar todos los procesos disciplinarios y penales que llegarán en su contra más adelante, a fin de sancionar ejemplarmente a quienes no saben aplicar las normas legales, por decir lo menos”.
Los jueces superiores cuestionados son, Mario Gonzales Solís, Cristóbal Rodríguez Huamán y César Chipana Guillén. Asimismo, el magistrado de primera instancia, Marco Hancco Paredes, titular del Cuarto Juzgado Penal de la Corte Superior de Junín, según dieron cuenta voceros de dicha instancia.
Por su parte el abogado Sandro Balvín Sáenz, defensor de los agraviados en ese tema, consideró que “todo ese embrollo judicial se inició con una deuda por doscientos soles, en la que no tenían nada que ver los hermanos José y Ricardo Leiva Gutarra (perjudicados con el supuesto mal accionar los jueces en cuestión), a raíz un proceso iniciado por la viuda de Luis Leiva Gutarra, hermano mayor de ambos.
Balvín Sáenz recordó que “los jueces ahora en salmuera no respetaron un fallo previo de la Sala Penal de Huancayo –dictada el 21 de mayo del 2011-, que decretó la prescripción de la demanda de la parte interesada (la viuda en este caso) para pretender el cobro de una supuesta reparación civil derivada de la presunta deuda `por doscientos soles, que hoy, con los intereses y moras, ascendería a sumas considerables, producto de embargos y remates de propiedad de la empresa Etucsa (propiedad de los Leiva Gutarra)”.
“Los jueces superiores denunciados debieron declarar de oficio la prescripción de la causa seguida por la viuda y cuñada de los hermanos José y Ricardo Leiva, pero no lo hicieron por razones que se desconocen. En todo caso, ese legajo deberían haberlo enviado al archivo, pero nunca lo hicieron por cuestiones que no conocemos”, señaló el hombre de leyes.
El letrado consideró que los discutidos magistrados, por el hecho de haber revivido un proceso que estaba fenecido jurisdiccionalmente, han sentado un nefasto precedente, “por lo que deberán afrontar todos los procesos disciplinarios y penales que llegarán en su contra más adelante, a fin de sancionar ejemplarmente a quienes no saben aplicar las normas legales, por decir lo menos”.
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