Mediante Resolución Nº 03 la sala Mixta presidida por el Dr. Víctor Raúl Mosqueira Neyra ordena se oficie al ministerio del Interior y al Jefe de la Séptima Región Policial ejecutar esta medida
- Socios – trabajadores esperaban una Audiencia Pública para sustentar posición contra el desalojo, sin embargo entre gallos y media noche, sala Mixta determinó confirmar la ejecución de esta medida.
El poder de don dinero no tiene fronteras ni narices, decía me abuela María Cruz. Ahora entiendo que razón nunca le faltó. Otra vez Andrés y el grupo Wong a costa de todo pretenden adueñarse de la emblemática azucarera Andahuasi. Mediante Resolución N° 03 de fecha 6 de Mayo del año en curso de manera totalmente sospechosa y contra todo pronóstico sin haber escuchado a las partes en audiencia pública, la Sala Mixta de la Corte de Huaura, determinó de forma arbitraria confirmar la decisión de ejecutar la medida de desalojo contra los legítimos accionistas trabajadores y asimismo ordenó que se le entregue la administración de la azucarera andahuasi a favor del cuestionado Rivas Urteaga.

Asimismo, los magistrados que conforman la referida Sala Mixta, no han tenido en consideración los diversos procesos penales donde viene siendo investigado el hoy pretenso representante legal CARLOS RIVAS URTEAGA y muy por el contrario el Poder Judicial a través de la Corte Superior de Huaura pretende reponer al personaje que mayor daño ha causado en la azucarera andahuasi, ya que como es sabido, este sujeto habría sido uno de las personas que coadyuvó en la venta ilegal de 50 millones de acciones a favor del GRUPO WONG.
Los accionistas trabajadores solicitan la unidad en este momento tan difícil que les toca vivir y esperan que las autoridades regionales y nacionales se pronuncien a la brevedad sobre el caso andahuasi y se tome las mejores decisiones en favor de los agraviados, en este caso de los cientos de accionistas trabajadores de la azucarera.
La Sala Mixta presidida por el Dr. Víctor Raúl MOSQUEIRA NEYRA, ordenó confirmar en todos los extremos la resolución cuestionada sin permitir el informe oral de los abogados, lo que constituye la vulneración a un debido proceso, más aun si se sabe que se trata de un caso muy complejo que hoy en día es de interés público.
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