Asalto a Andahuasi sería hoy por aire y tierra

• ¿Y DÓNDE QUEDÓ ESCONDIDO EL INFORME DE LA FAMOSA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN?

¿Y por qué el apuro del juez Checa Carlín? Esta es una pregunta válida porque las circunstancias de hoy ameritan hacérsela. La respuesta es obvia y muchos quizás ya se imaginan: los Wong saben muy bien que mientras más tiempo pasara, esto iba a ir contra sus propósitos expansionistas, porque, en el 2011, la Comisión de Fiscalización del Congreso anterior, que presidía Martín Belaunde Moreyra, detectó una serie de operaciones dolosas por parte de los Wong para la adquisición de las acciones de Andahuasi.

Tanto fue así que la comisión Belaunde encontró pruebas indiciarias suficientes como para que el Ministerio Público sentara en el banquillo de los acusados a los empresarios Wong, por no haber pagado nunca, por ejemplo, los costos de la supuesta compra-venta de los cincuenta millones de acciones, en el 2009. Los montos de dicha operación, por cierto, nunca ingresaron a las arcas de la emblemática azucarera, por razones nunca explicadas coherentemente, por lo menos por los cuestionados empresarios de apellido oriental.

Jamás, asimismo, según las pesquisas agotadas oportunamente, los Wong publicitaron por medios de la prensa sus pretensiones para la adquisición de las acciones mencionadas, por un valor total de 50 millones de nuevos soles. Este requisito está considerado como prioritario dentro de las normas bursátiles, pero nada de esto les interesó a estos señorones, que hoy se siguen sintiendo amparados por el Poder Judicial, el Congreso y la Policía Nacional, que, ¡oh coincidencia!, son consideradas como las instituciones más corruptas del Perú.

En efecto, un sondeo hecho recientemente por una conocida encuestadora arroja que el Congreso, la Policía y el Poder Judicial, son los organismos más corrompidos dentro del estamento estatal. Y eso lo podemos ver nítida y elocuentemente en el asunto Andahuasi, cuyos socios-trabajadores fueron timados –por decirlo de alguna manera- por el grupo Bustamante y el grupo Wong, para que ellos entregaran su accionariado, en  una operación plagada de maniobras extralegales, que los jueces como el señor Checa Carlín, pretenden empoderarlos para que los Wong tomen posesión de la azucarera.

Y así hay una serie de situaciones fuera de la ley que fueron cometidas por los mayordomos legales de los hermanos Wong, a quienes jamás les ha interesado el gran daño que causarán a cientos de familias andahuasinas, aun a sabiendas que la razón y la justicia no están de su lado. El objetivo mediático de estos es apoderarse por elúcase de la metralleta y el golpe artero para dejar “limpia” la empresa, para ser entregada en bandeja de plata a los Wong. La operación policial, a la que han llamado pomposamente “Descerraje”, tal como damos a conocer líneas arriba, se ejecutará en las próximas horas. Eso, según se sabe de buena fuente, ya ha sido decretado por las máximas autoridades del portafolio del Interior.

Por otro lado, fuentes dignas de crédito informaron a Perú Primero, que la orden de la operación policial  firmada por el propio ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, indicaría que el 90 por ciento del desalojo se ejecutaría por aire,  vale decir que helicópteros de combate estarían participando de esta operación cuyo costo social sería altísimo en vista de las declaraciones de los socios-trabajadores andahuasinos de atrincherarse alrededor de la fabrica.

Hasta el cierre de nuestra edición (ayer a las 09.00 pm.) se notó un inusual movimiento policial y de la Marina de Guerra en la ciudad de Huacho. Mientras los dirigentes azucareros “movían” todos sus esfuerzos posibles para evitar un derramamiento de sangre. “Acá estamos preparados para ofrendar nuestras vidas si fuese necesario”, afirmó un alto dirigente sindical.

 

“EL BRUJO” OMAR CHEHADE MOYA Y SU ANSIEDAD POR TOMAR ANDAHUASI
OBJETIVO: APROPIARSE DE UN BIEN AJENO

Hay un hecho que no podemos dejar de soslayar: la presencia mediática ahora en el Congreso y en estas circunstancias aciagas para Andahuasi del parlamentario y ex vicepresidente Omar Chehade (ahora presidente de la Comisión de Constitución del Parlamento), el principal interesado en congregar a los altos mandos policiales de Lima en el citado restaurante miraflorino, en octubre del 2011, para “convencerlos” que se tenía que hacer el desalojo de la azucarera, a pesar de que no les dijo que el fallo que llevaría días después Miguel Chehade al despacho de Guillermo Arteta era grotescamente fraudulento. Por eso es procesado el hermano del parlamentario, a tal punto que el Ministerio Público ha requerido que sea condenado a 5 años de prisión efectiva. Las oscuras intenciones de los Chehade rebotaron ante la disciplina y honor del general PNP Arteta, quien las rechazó por sospechar de la ilegalidad del documento que mostraba dicho acusado, como si fuese un pañuelo al viento al cual había que “acatar”, porque, claro está, ellos prometieron el oro y el moro a la oficialidad reunida en esa oportunidad si acataban sus pedidos, hasta ascensos. Increíble pero cierto.
Y decimos que es muy sospechosa la ahora aparición de Omar Chehade en el escenario mediático del primer poder del Estado, para que el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y el Poder Judicial se unan en estos momento para llevar a cabo el “descerraje” de Andahuasi, aun cuando hay de por medio una cuestión bien clara y exacta: los Wong quieren apropiarse de un bien ajeno por el que no han pagado nada, y cuyas gestiones se realizaron ilegalmente incumpliendo una serie de medidas de obligado cumplimiento; pero esto no les ha importado a nadie, y menos a la justicia, la que está en el lugar donde está dentro de la percepción de la opinión pública: en el sótano de las instituciones más corrompidas del Perú, pese al trabajo y honorabilidad de los buenos magistrados, que los hay por cierto, y que hoy corren peligro de ser desprestigiados por sus nefastos pares.
Hubo un altísimo y digno magistrado, hoy en sus cuarteles de invierno, que decía en sus clases universitarias: Hay tres clases de jueces en el país. Los que no piden nada a cambio de sus veredictos (que son poquísimos), los que piden todo y por todo (la mayoría) y los que no piden pero aceptan todo lo que el litigante les regale o entregue tras sus veredictos.

Los hermanos Wong se frotan las manos sin importarles el costo social

Los hermanos Wong deben estar frotándose las manos en estos momentos porque, por fin, el Ejecutivo pondrá en marcha la salida de los socios-trabajadores andahuasinos. No obstante, los costos sociales que podría acarrear esa discutida operación recaerá en los hombros de la responsabilidad del gobierno humalista, por no saber direccionar el Ministerio del Interior, con la finalidad de que sus máximas autoridades tengan en cuenta y de manera prioritaria, los riesgos que traen medidas extremas como las que se ha planificado llevar a cabo en cualquier momento en Andahuasi. Mujeres y hasta niños y ancianos de esa azucarera han confirmado que van a poner el pecho ante las balas o bombas lacrimógenas que usará la fuerza pública para ello.
Y de eso se trata, ¡¿cuántas víctimas tendremos que contar con esta incruenta medida?! ¿Se ha puesto a pensar en esto el ministro Wilfredo Pedraza sobre el costo humano que esto tendrá que traer consigo? ¿Se ha puesto a pensar en la decena de niños y niñas que serán expuestos a las balas perdidas como por lo general pasa en esa clase de escaramuzas? Parecería que no, por lo que estamos viendo hasta ahora. Lo que se busca es satisfacer a Wong, nada más, esa la verdad. Y para que sepa el ministro del Interior sobre algunos antecedentes de los Wong lo invitamos a que lea el siguiente párrafo.

Negros antecedentes
Cuando vivía Erasmo Wong,  el patriarca de dicha familia empresarial, todos sus integrantes pensaron expandir su negocio  hacia otro lugar porque la bodega-minimarket que manejaban en el jirón  Dos de Mayo, en San Isidro, ya había resultado bastante estrecha para sus clientes y sus arcas estaban en “azul”. Y asílo hicieron al arrendar un local de propiedad del ahora finado, José Poblete Vidal, quien les alquiló su propiedad ubicada en la comercial zona de la urbanización Aurora, Miraflores, en la década del sesenta. Como quiera que Poblete era un empresario muy activo y exitoso, delegó el cobro de la renta a la empresa Vera Gutiérrez.  Pasaron los años y la rutina se hizo mayor y las cosas, que en principio marchaban viento en popa, cambio de un momento a otro: Wong había “comprado” el local a Vera Gutiérrez, que en esa situación ya no aparecía como cobrador sino como “propietario” del bien. El resto es historia, porque hasta el año pasado que vivía todavía el señor Poblete, el Poder Judicial no resolvía el problema de fondo del proceso. Increíble pero cierto. Esa es nuestra justicia, que puede y debe cambiar por el bien del país, a menos que la OCMA o el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que es el organismo que nombra y destituye jueces y fiscales, sigan en la rutina de ponerlos en escena sin un mejor control de calidad, profesional  y moral sobre todo…